VENTANAS, Los Ríos. Betty Chichande, hermana por parte de madre de Javier Bajaña, asesinado el 12 de mayo del 2006.
VENTANAS, Los Ríos. María Palacios recuerda a su hijo César Míguez, a quien –dice– lo mataron las juntas anticuatreras.
La noche antes de ser asesinado a golpes y disparos, César Míguez Palacios, de 24 años, había reunido ocho dólares por el día de trabajo en su tricimoto. Como siempre, entregó ese dinero a su padre y él se quedó con un dólar. Eran las 19:00 del 12 de mayo del 2006, César salió para reunirse con sus amigos, pero esa noche, alrededor de las 23:30, unas 80 personas encapuchadas y vestidas de negro y otros de militares a bordo de tres vehículos lo golpearon y se lo llevaron.
La familia se enteró y lo buscó sin éxito, recuerda María Palacios, la madre. A las 06:00 del día siguiente lo encontraron muerto en un basurero, junto a otros tres jóvenes, con las manos atadas hacia la espalda, moretones en todo el cuerpo y orificios de disparos; así se evidencia en las fotografías que reposan como pruebas para la investigación en la Fiscalía del cantón Ventanas, Los Ríos, donde está en indagación previa.
Alfredo Montero, de 24 años; Javier Bajaña, de 23; y Fidel Zorrosa, de 24, fueron las otras víctimas. El procedimiento en la captura de los cuatro jóvenes fue el mismo y por el mismo grupo de personas. Familiares de Míguez Palacios dicen que los responsables son las llamadas juntas anticuatreras, a las cuales acusan de haber cometido otros asesinatos.
“Salían en las noches y recorrían en busca de jóvenes que estaban en las calles o a los fumones”, dice la madre triste e indignada porque su hijo no era ‘mala persona’.
En Ventanas, donde se inició la investigación hace cuatro años, el caso está estancado.
El fiscal Diógenes Cueva refiere que como juez en el cantón Echeandía, Bolívar, hace tres años se registraron otros dos casos, pero no se ha identificado a los responsables, aunque entre los habitantes también se responsabilizó a las juntas anticuatreras. “Todo el mundo comenta que son miembros de la junta anticuatrera”, dice Cueva.
Agrega que estas juntas no solo defendían a la comunidad, sino que iban ‘más allá’, como cobrar deudas o resolver problemas familiares. “No era solo cuestión de exterminar delincuentes”, dice.
El origen de las juntas fueron las reuniones de campesinos con el fin de unirse contra los cuatreros que les robaban el ganado, entre 1988 y 1992, y a partir de estas reuniones se crearon las Juntas de Defensa del Campesino, en el gobierno de Rodrigo Borja. “Al parecer por allí está el origen de estos grupos”, deduce el Fiscal.
Cuenta otro caso en el cual las juntas entraron a la ciudad para llevarse a personas que luego aparecieron muertas; otra que se salvó está amenazada.
Con fotos en las que ve y recuerda a su hijo cuando cumplió el servicio militar, María Palacios también dice saber quiénes lo mataron.
“A él lo mataron porque identificó a uno de ellos”, lamenta. “En las juntas están personas de posición económica, incluso funcionarios del Municipio local que trabajaron con el ex alcalde Manuel Vera, a uno le dicen Bigote”, afirma.
Son gente de las juntas de El Moral, Los Amarillos, de Aguas Frías y Los Ángeles, dice.
El fiscal Cueva refiere que en los dos últimos años hay ‘al menos’ tres casos de crímenes en los que aparecen las juntas como posibles responsables.
El jefe de la Policía de Los Ríos, Ramiro Mantilla, también cuenta que se han dado casos de crímenes cometidos por grupos armados ilegales en los que se sospecha están involucradas la llamadas Juntas de Defensa del Campesinado, pero los directivos de esos grupos niegan las acusaciones y las investigaciones aún no han logrado obtener pruebas. “A las reuniones asiste cualquier morador del sector, no son necesariamente miembros de las juntas”, dice.
El 12% de los crímenes que se cometen en Los Ríos corresponde a personas que tienen antecedentes penales y es atribuido a grupos armados ilegales, de entre esos casos hay habitantes del sector convencidos de que son las llamadas juntas las que están haciendo una especie de limpieza social, sostiene Mantilla.
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